El gobierno de Neuquén volvió a aplicar su política de “tolerancia cero” frente a conductas inapropiadas en el ámbito estatal. En los últimos días se oficializó la desvinculación de tres trabajadores del sector público, acusados o condenados por distintos delitos y faltas graves. La medida se enmarca en una serie de acciones que viene impulsando la gestión de Rolando Figueroa para sanear la administración pública y elevar los estándares de responsabilidad institucional.

Entre los cesanteados se encuentra un chofer oficial denunciado por violencia de género, un auxiliar escolar que tenía una condena firme por robo con armas, y un agente de la policía provincial con consumo de sustancias prohibidas confirmado mediante exámenes toxicológicos. Desde el Ejecutivo neuquino aseguraron que este tipo de situaciones no pueden ser toleradas, ya que atentan contra la imagen y el correcto funcionamiento del Estado.

El propio gobernador Figueroa fue tajante al referirse al tema: “La prioridad es asegurarnos de que los agentes públicos tengan buena conducta y cumplan con sus funciones. No vamos a permitir que quienes deben cuidar o representar a los ciudadanos estén involucrados en actos que dañan la confianza de la sociedad”. En ese sentido, advirtió que se seguirá revisando el legajo y la conducta de todos los trabajadores del sector estatal.

Estas decisiones forman parte de una política más amplia de control y depuración que el gobierno provincial viene aplicando desde inicios de año. Figueroa ha reiterado en varias oportunidades que no habrá lugar en su gestión para “la impunidad ni el encubrimiento”, y que se exigirá a cada funcionario o empleado del Estado una conducta ejemplar, tanto dentro como fuera de su ámbito laboral.

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