El gobernador de Salta propuso redirigir los beneficios sociales hacia habitantes con mayores necesidades, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan en la provincia.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, planteó una fuerte medida vinculada a la administración de los planes sociales. Su propuesta apunta a suspender los beneficios otorgados a extranjeros que no residen en la provincia y reasignar esos recursos a jubilados y personas con discapacidad, sectores que considera prioritarios en la agenda social salteña. La iniciativa busca dar un giro en la forma de distribuir la asistencia estatal, privilegiando a quienes ya forman parte del entramado social y económico local.

Según explicó el mandatario, la idea central es garantizar que la ayuda llegue primero a los salteños con mayores necesidades. Sáenz remarcó que la provincia enfrenta demandas crecientes en materia de contención social y que es necesario administrar con criterio los fondos disponibles. En ese sentido, destacó la importancia de priorizar a los adultos mayores y a quienes enfrentan barreras por motivos de salud o discapacidad, al considerarlos poblaciones particularmente vulnerables.

La propuesta también reabre el debate sobre el alcance de los programas sociales y las tensiones en torno a la inclusión de extranjeros dentro de ellos. Mientras algunos sectores respaldan la postura del gobernador por entenderla como un acto de justicia distributiva, otros advierten que podría generar controversias legales y sociales. De todos modos, Sáenz defendió la medida como una decisión política para reafirmar que los recursos públicos deben estar destinados, en primer lugar, a los habitantes permanentes de Salta.