Un grupo de legisladores nacionales de Encuentro Federal, encabezados por Oscar Agost Carreño, presentó una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no cumplir con la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que la oposición rechazara el veto del presidente Javier Milei.

De acuerdo con el artículo 101 de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete puede ser removido de su cargo por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas. Si la oposición logra fundamentar de manera razonable sus acusaciones contra Francos, solo necesitaría alcanzar esa mayoría, un objetivo considerado posible.

“El Gobierno rompió el estado de derecho”, señaló Agost Carreño en la red social X, en referencia a la suspensión de la implementación de la Ley 27.793, ratificada previamente por ambas cámaras del Congreso.

La moción impulsada por el legislador cordobés cuenta con el respaldo de diputados del bloque presidido por Miguel Pichetto, entre ellos Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.

Los legisladores acusan a Francos no solo de incumplir la ley y no reasignar las partidas correspondientes, sino también de “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y de “violar la división de poderes del Estado”.

“La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, agregó Agost Carreño.

El lunes, el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero en el mismo Decreto 681/25 suspendió sus efectos por falta de financiamiento y condicionó su aplicación a la inclusión de partidas en el proyecto de Presupuesto 2026.

En ese marco, el diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió que “con el Decreto 681/2025, el Presidente (Javier Milei) incurre en nulidad absoluta”, ya que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”.

“No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, agregó.

“La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) es clara: el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”, concluyó Ferraro en X.