La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar más de veinte recursos presentados por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y un grupo de empresarios involucrados en la causa conocida como “Cuadernos”, que investiga una presunta asociación ilícita por el pago de sobornos en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.

El fallo del máximo tribunal ratifica la validez de las actuaciones y despeja el camino para el inicio del juicio oral, previsto para el 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 7. En el proceso estarán acusados la ex mandataria, varios de sus ex funcionarios y decenas de empresarios señalados por cobrar o entregar coimas para obtener contratos con el Estado.

De manera paralela, la Corte hizo lugar a un planteo de la Procuración General de la Nación y revocó el sobreseimiento que beneficiaba a Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz —ex secretario privado de Néstor Kirchner—, en una causa conexa por lavado de dinero. El fallo, originalmente dictado por el juez Luis Rodríguez en 2015, fue revertido tras la intervención del Ministerio Público y la Unidad de Información Financiera, que reclamaron continuar la investigación.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti coincidieron con los fundamentos del Procurador General y ordenaron emitir un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Pochetti, quien había declarado como arrepentida haber pagado una coima al magistrado Rodríguez para cerrar la causa.

En su resolución, los ministros aclararon que el sobreseimiento previo solo abarcaba el traslado del dinero y no las maniobras de blanqueo, por lo que debe seguir investigándose el origen y destino de los fondos manejados por Pochetti y su entorno.

El expediente “Cuadernos” se originó a partir de los registros del ex chofer Oscar Centeno, que documentó viajes y entregas de dinero vinculados al ex subsecretario Roberto Baratta. Los testimonios de imputados colaboradores como Carlos Wagner, José López y Ernesto Clarens dieron forma a una megacausa que expuso una trama de cartelización de la obra pública y lavado de dinero hacia el exterior.

La Corte también desestimó recursos presentados por otros imputados de peso, entre ellos Cristóbal López, Mario Rovella, Aldo Roggio y Juan Carlos De Goycoechea, quienes cuestionaban la validez de indagatorias y declaraciones de arrepentidos.

La decisión del tribunal consolida el avance hacia uno de los juicios más relevantes de los últimos años, que pondrá en el banquillo a una expresidenta y a parte del empresariado que dominó el negocio de la obra pública durante más de una década.